EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARA NULO EL DECRETO QUE RIGE EL SISTEMA DE PROVISIÓN DE PLAZAS
El "famoso" Real Decreto 118/91, que exigía el concurso-oposición
Ha causado alarma entre los profesionales médicos la reciente divulgación del fallo del Tribunal Constitucional que determina la nulidad del Real Decreto 118/91, por el que regía -hasta ahora- la provisión de plazas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Según fuentes del Sindicato Médico de Tenerife-CESM, mayoritario en la provincia, "CESM quiere hacer llegar a los compañeros médicos los siguientes puntos: la ley de Presupuestos Generales del año 1990 determina en su artículo 34.4 la forma de provisión de plazas del SNS, que posteriormente se desarrolla en el Real Decreto 118/91".
"Fue desde la CESM, junto a la Organización Médica Colegial (OMC) quienes impugnaron en su momento la referida Ley de Presupuestos del año 1990, por entender que no era la forma adecuada para determinar el sistema de provisión de plazas, sino que tendría que hacerse mediante los trámites de la legislación general y no por la excepcionalidad de la Ley de Presupuestos. Al cabo de ocho años nos viene a dar la razón el Tribunal Constitucional, en que no se pueden utilizar artilugios legales para sacar adelante normativas saltándose a la torera la ley".
Por todo ello, continúan los citadas fuentes sindicales, "CESM sigue entendiendo que siempre se debe partir de la realidad de la ley, para dictar la normativa sanitaria y no de ilusiones y falsas promesas como pretenden vender algunos colectivos e incluso sindicatos, que a buen seguro ahora se subirán al carro de la ´ilegalidad del Real Decreto 118/91´".
Posible decreto-ley para garantizar el empleo
Por su parte, el Insalud no descarta que se dicte un real decreto-ley (norma jurídica con rango de ley que adopta el Gobierno por razones de urgencia y luego convalida en las Cortes), de base jurídica al traslado extraordinario en curso y a la oposición que se convocará en breve, el objetivo: garantizar el empleo. Según informó Carlos Gil en Diario Médico, la anulación por parte del Tribunal Constitucional del Real Decreto 118/91, ha provocado la siguiente reacción oficial: "Se ha constituido un grupo de trabajo con los Servicios Jurídicos del Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Recursos Humanos", según indicó el presidente ejecutivo de la entidad gestora, Alberto Núñez Feijóo.
Este grupo de trabajo busca la solución jurídica a la previsible anulación del Decreto por parte del Tribunal Supremo, pues el Tribunal Constitucional ha confirmado que su base legal -que es una ley de Presupuestos- es nula. En su momento, la principal causa de impugnación -promovida por la CESM, la OMC y otras entidades- fue el hecho argumentado por el Constitucional.
No obstante, mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie el Decreto 118/91 sigue en vigor. El problema, según Núñez Feijóo es que "dada la trascendencia del asunto, es previsible que el alto tribunal no retrase su decisión". Es previsible que cuando suceda ésto tendrán lista una solución jurídica y el grupo de trabajo estudia diversas posibilidades, destacando que "se atenderá la seguridad jurídica y la urgencia del problema". Para el citado responsable, "si esto exigiera dictar un real decreto-ley se haría así, pues lo que no podemos permitir es que la convocatoria de plazas se resuelva sin una base legal y, por tanto, una seguridad jurídica".