CONCURSO-OPOSICIÓN EN EL SCS Existe un principio periodístico que señala: "el rumor nuca puede ser noticia", aunque también es verdad que otra máxima de este viejo oficio dice que "el rumor es la antesala de la noticia". Pues bien, hecha esta precisión, según fuentes procedentes de los diferentes foros donde se reúnen sindicatos y administración –aún este proyecto no ha llegado a la Mesa Sectorial de Sanidad– parece que la administración sanitaria piensa celebrar concurso-oposición para cubrir plazas en el Servicio Canario de Salud (SCS), pues globalmente la situación de interinidad del personal sanitario es de un 72%, llegando en algunos colectivos específicos a ser del 84%. Asimismo, fuentes sindicales consultadas por esta Revista, se pretende que antes de celebrarse el citado concurso-oposición se realice un concurso de traslado entre los distintos cuerpos y escalas que integran el personal sanitario del SCS, pues muchos profesionales (con plaza en propiedad) pretenden ocupar destinos más próximos a sus domicilios.
EL DECRETO DE LOS MESTOS SE APROBARÁ ESTE AÑO El ministro de Sanidad, José-Manuel Romay, ha asegurado en el Pleno del Congreso que en el último cuatrimestre de este año puede aprobarse y publicarse el decreto para médicos especialistas sin título oficial (Mestos), apuntaron fuentes de Diario Médico. Romay ha hecho esta afirmación al responder una pregunta del diputado de Coalición Canaria Jesús Gómez. El ministro ha reconocido la necesidad de solucionar la situación de los mestos y ha explicado que existe un borrador elaborado por el Ministerio de Educación y que en la actualidad se encuentra en trámite de audiencia. Según Romay, dicho trámite ha terminado el pasado mes y, para el presente mes, se prevé llevar el texto al Pleno del Consejo Nacional de Especialidades. El diputado grancanario ha reclamado celeridad en el proceso para dar respuesta al problema de titulación.
CONCLUSIONES DE LA DECLARACIÓN DE PAMPLONA La Organización Médica Colegial (OMC) ha cerrado sus "I Jornadas de Reflexión" confeccionando con sus denuncias y propuestas de mejora del ejercicio profesional la Declaración de Pamplona. Proclama la necesidad de mejorar el uso del tiempo del acto médico, así como la coordinación entre niveles. Propone alternativas para aliviar el problema del desempleo y exige que no se coarte la libertad de prescripción del médico. También alude al futuro de los colegios y al control de la publicidad médica, señaló Ismael Sánchez en Diario Médico.
En cuanto a la estructura de la OMC, es necesario diseñar un nuevo escenario de actuación y competencias colegiales. La OMC debe ser una institución fuerte, libre y transparente. Su reforma debe reflejar la realidad del Estado de las Autonomías. Los colegios provinciales deben disponer de un marco estatutario más amplio y menos encorsetado que el actual. La publicidad médica, la OMC insta a las administraciones a que extremen el cumplimiento de la legislación vigente en materia de publicidad engañosa relacionada con la salud. En lo que respecta a la relación primaria-especializada, la coordinación entre niveles no es la idónea y esto puede producir una situación próxima al colapso sanitario. También, un sistema asistencial compartimentalizado es frustrante para el profesional, no resolutivo para el paciente y tiene efectos económicos desastrosos.
Otra conclusión es sobre el tiempo del acto médico, pues el empleado en el Servicio Nacional de Salud está lejos de ser el ideal. El cómo se utiliza ese tiempo depende del médico y debe ser motivo de reflexión y autocrítica. En lo concerniente a la libertad de prescripción, el médico debe elegir aquel tratamiento que considere idóneo para el paciente. No podrá ser objeto de restricciones ni de intromisiones en el normal ejercicio de su profesión. Por último, el desempleo médico también ha sido abordado, señalándose que los médicos en promoción de empleo exigen que se reparta y se cree empleo, formación y mejora de las condiciones de trabajo. La OMC debe exigir a la Administración una ordenación seria y programada para evitar que la situación de estos profesionales se repita en el futuro.
EL TURNO ROTATORIO EXIGE TRABAJO NOCTURNO, SEGÚN EL SUPREMO
El Tribunal Supremo ha convertido en doctrina lo que hasta ahora era sólo un precedente: turno rotatorio es exclusivamente aquél que incluye trabajo nocturno, nunca el que alterna el horario de mañana y tarde. El fallo pone fin a una avalancha de reclamaciones y a una serie de condenas a la entidad gestora que estaban suponiendo, para los médicos afectados, una paga extra anual en torno a las doscientas mil pesetas, informo en Diario Médico Carlos Gil. Los acuerdos de febrero de 1992 establecieron en 1.645 horas la jornada anual del turno fijo diurno, en 1.470 horas el turno fijo nocturno y en 1.530 horas el rotatorio. Por ello, diversos tribunales superiores de justicia comenzaron a interpretar que turno rotatorio es el que incluye mañanas y tardes. De este modo, los médicos que habían trabajado 1.645 horas tenían base jurídica para reclamar el exceso de 115 horas anuales que se produce sobre las 1.530 horas del turno rotatorio.
El nivel de la discusión llegó a tal punto que el Insalud y los sindicatos CCOO y UGT pactaron una aclaración sobre el sentido de los acuerdos en este punto, que fue oportunamente publicada como resolución en el BOE y que trataba de contener la avalancha de condenas pecuniarias a la entidad gestora. Sin embargo, tal aclaración se reveló finalmente innecesaria, pues el criterio del Tribunal Supremo coincide de plano con ella: "La interpretación gramatical y lógica de dichos acuerdos, en que se distinguen los trabajos fijos diurnos y nocturnos y el trabajo rotatorio, conduce a sostener que en el rotatorio el giro se da entre el diurno y el nocturno pero no entre el de mañana y tarde, silenciados ambos en dichos acuerdos, pues tanto uno como otros son diurnos".
LAS SOCIEDADES DE PRIMARIA RECHAZAN EL DECRETO POR EL CONTROL DE LA IT Las sociedades de primaria han criticado la decisión definitiva del Gobierno de otorgar a los médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de las mutuas la potestad de dar altas a efectos económicos a los pacientes que estén de baja por Incapacidad Temporal (IT). Para sus presidentes, dicha medida implicará un retroceso social. Para Amalia Velázquez, presidenta de Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), esta medida dejará al paciente en manos de personas que desconocen el desarrollo de su enfermedad, "no entiendo que partidos y sindicatos salieran a la calle con la lista negativa y que ahora no digan nada". Felipe Chavida y Juan-José Rodríguez Sendín, presidentes de la Sociedad Española de Medicina Rural y Generalista (Semergen) y de la Sociedad Española de Medicina General (SEMG), respectivamente, han vaticinado un aumento de la burocracia "pernicioso para los pacientes" y han puesto en duda que la opinión desfavorable de la Inspección Médica a la pretensión de dar el alta del INSS vaya a tener carácter vinculante. Alberto Núñez Feijóo, presidente del Insalud, ha señalado en cambio que la postura de la Inspección sí será definitiva, señaló Diario Médico.
LA ACREDITACIÓN DE MÉDICO DE URGENCIAS La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semer) ha concedido su acreditación de competencia profesional a 1.883 médicos de toda España. Andalucía ha sido la autonomía en la que más facultativos se han registrado, mientras que Cantabria –con once– ha sido la que menos certificados ha obtenido. En Canarias –hasta el momento– el número de certificaciones asciende a 90, informó en Diario Médico Pablo Muñoz. En esta primera convocatoria, la sociedad científica ha recibido más de 2.400 solicitudes. De los 1.883 profesionales que lograron el reconocimiento, sólo 157 tuvieron que superar una prueba. Para la inmensa mayoría, bastó con la aportación de los méritos acumulados durante su ejercicio en los servicios de urgencias y su formación continuada. A su vez, la Semer lucha por la creación de la mencionada especialidad, para lo que ha iniciado gestiones con varios grupos parlamentarios para promover una iniciativa en las Cortes. La meta es que se apruebe una proposición no de ley antes de final de año.